Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano
Convocatoria
Ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el Caribe Colombiano, varias organizaciones sociales de esta región, consolidadas a través de la plataforma Agenda Caribe, conjuntamente con las Consejerías de Paz de los departamentos de Bolívar y Atlántico, las Defensorías del Pueblo de la región, las Personerías Municipales y varias Organizaciones Nacionales Defensoras de Derechos Humanos y Promotoras de Paz, invitan a todos los ciudadanos a participar en la Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano que se llevará a cabo el próximo 29 de Marzo del 2006 en la ciudad de Barranquilla de 8 a.m. a 5.p.m.
Son muchos los esfuerzos de las iniciativas de paz, de las organizaciones sociales, de las instituciones gubernamentales y de los organismos internacionales que trabajan por la Defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la normatividad humanitaria, pero a pesar de esto la situación humanitaria en la Región Caribe continúa siendo critica.
Por ello nos parece pertinente observar algunas cifras estadísticas sobre hechos que dan cuenta de la grave crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa el Caribe Colombiano, recopiladas por INDEPAZ.
Algunas cifras del Conflicto en el Caribe Colombiano
En primer lugar es prudente afirmar que se está frente a una crisis humanitaria, cuando no hay posibilidades materiales de evitar el sufrimiento físico y psicológico de las personas que son víctimas de una confrontación armada o de evitar el sufrimiento de las personas que se enfrentan a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o huracanes. En segundo lugar las crisis humanitarias involucran el sufrimiento de muchas personas, tal vez miles.
Y en tercer lugar, que la atención de la crisis humanitaria es una responsabilidad del Estado, acompañada por la sociedad en general y debe ser un asunto contemplado prioritariamente por medio políticas públicas que respondan a la problemática a corto, mediano y largo plazo y no con planes o programas que respondan a cubrir la emergencia de las víctimas en dos o tres meses. Eso es asistencialismo.
El propósito de este trabajo es demostrar por medio de las cifras de diferentes fuentes, la urgencia de abrir un debate regional para presionar a los gobiernos departamentales para que empleen mas y mejor los recursos asignados con el fin de resolver la situación a la que se ven enfrentados miles de personas victimas de la violencia en esta región del país e involucrar de manera responsables a todos los sectores sociales. A pesar de la dificultad que se presentó para recolectar la información, los datos que se presentan indican la gravedad de la situación.
Desplazamiento
La expansión territorial del paramilitarismo en la región caribe, las acciones de guerra de la insurgencia y la aplicación de la política de seguridad democrática a lo largo del país presenta un panorama poco alentador. Según CODHES, el estimativo de personas desplazadas dentro del territorio nacional por el conflicto armado interno desde 1999 hasta el tercer trimestre del 2005 es de 2.107.842.
El desplazamiento forzado en la Región Caribe durante este período representa el 28% del total estimado de población desplazada en el país, es decir, más de 580 mil personas, de las cuales el 65% son niños y niñas.
Secuestro
El número de secuestros registrados en el Caribe Colombiano alcanza una las cifras más altas en relación a las demás regiones del país. A pesar de los informes de Fondelibertad (septiembre, 2005) las cifras comparativas de secuestros de enero 2004 a septiembre de 2005 se han reducido en todo el país: los secuestros contra la fuerza pública en un 90.91%; secuestro extorsivo -58.21%. En el año 2003 los secuestros de la región caribe representaron el 25.3% del porcentaje total de secuestros en el país. En el 2004 el 22% y para el primer semestre del 2005 el 10.2%.
Violencia política, amenazas, masacres y torturas
Uno de los mayores problemas que se afronta al momento de establecer la situación humanitaria en el Caribe Colombiano, es la falta de información estadística y la ausencia de un mecanismo idóneo de registro y sistematización de acciones violentas, en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humaniario. En primer lugar no existe un sistema que recoja todas las bases de datos y realice un análisis adecuado de la información. En segundo lugar no se hace un monitoreo permanente, lo que dificulta presentar series completas en el tiempo sobre la misma región. Y por último una razón por la cual los datos son incompletos o inexistentes es por el subregistro, es decir, el desconocimiento del hecho. En la mayoría de los casos se da por dos factores comprensibles en las zonas mas violentas: la amenaza y el miedo.
El primer indicador de una situación de violencia por causas políticas es la amenaza. Esta se constituye en una alerta temprana de las violaciones más atroces y uno de los delitos de lesa humanidad que han soportado los pobladores del Caribe, además de masacres y torturas.
Las cifras dadas por los informes del CINEP y recopiladas por el profesor Diego Otero (Economista, asesor equipo académico de INDEPAZ), dan cuenta que en los siete departamentos que integran la región, 624 personas han sido víctimas de amenazas por razones políticas.
Ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el Caribe Colombiano, varias organizaciones sociales de esta región, consolidadas a través de la plataforma Agenda Caribe, conjuntamente con las Consejerías de Paz de los departamentos de Bolívar y Atlántico, las Defensorías del Pueblo de la región, las Personerías Municipales y varias Organizaciones Nacionales Defensoras de Derechos Humanos y Promotoras de Paz, invitan a todos los ciudadanos a participar en la Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano que se llevará a cabo el próximo 29 de Marzo del 2006 en la ciudad de Barranquilla de 8 a.m. a 5.p.m.
Son muchos los esfuerzos de las iniciativas de paz, de las organizaciones sociales, de las instituciones gubernamentales y de los organismos internacionales que trabajan por la Defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la normatividad humanitaria, pero a pesar de esto la situación humanitaria en la Región Caribe continúa siendo critica.
Por ello nos parece pertinente observar algunas cifras estadísticas sobre hechos que dan cuenta de la grave crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa el Caribe Colombiano, recopiladas por INDEPAZ.
Algunas cifras del Conflicto en el Caribe Colombiano
En primer lugar es prudente afirmar que se está frente a una crisis humanitaria, cuando no hay posibilidades materiales de evitar el sufrimiento físico y psicológico de las personas que son víctimas de una confrontación armada o de evitar el sufrimiento de las personas que se enfrentan a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o huracanes. En segundo lugar las crisis humanitarias involucran el sufrimiento de muchas personas, tal vez miles.
Y en tercer lugar, que la atención de la crisis humanitaria es una responsabilidad del Estado, acompañada por la sociedad en general y debe ser un asunto contemplado prioritariamente por medio políticas públicas que respondan a la problemática a corto, mediano y largo plazo y no con planes o programas que respondan a cubrir la emergencia de las víctimas en dos o tres meses. Eso es asistencialismo.
El propósito de este trabajo es demostrar por medio de las cifras de diferentes fuentes, la urgencia de abrir un debate regional para presionar a los gobiernos departamentales para que empleen mas y mejor los recursos asignados con el fin de resolver la situación a la que se ven enfrentados miles de personas victimas de la violencia en esta región del país e involucrar de manera responsables a todos los sectores sociales. A pesar de la dificultad que se presentó para recolectar la información, los datos que se presentan indican la gravedad de la situación.
Desplazamiento
La expansión territorial del paramilitarismo en la región caribe, las acciones de guerra de la insurgencia y la aplicación de la política de seguridad democrática a lo largo del país presenta un panorama poco alentador. Según CODHES, el estimativo de personas desplazadas dentro del territorio nacional por el conflicto armado interno desde 1999 hasta el tercer trimestre del 2005 es de 2.107.842.
El desplazamiento forzado en la Región Caribe durante este período representa el 28% del total estimado de población desplazada en el país, es decir, más de 580 mil personas, de las cuales el 65% son niños y niñas.
Secuestro
El número de secuestros registrados en el Caribe Colombiano alcanza una las cifras más altas en relación a las demás regiones del país. A pesar de los informes de Fondelibertad (septiembre, 2005) las cifras comparativas de secuestros de enero 2004 a septiembre de 2005 se han reducido en todo el país: los secuestros contra la fuerza pública en un 90.91%; secuestro extorsivo -58.21%. En el año 2003 los secuestros de la región caribe representaron el 25.3% del porcentaje total de secuestros en el país. En el 2004 el 22% y para el primer semestre del 2005 el 10.2%.
Violencia política, amenazas, masacres y torturas
Uno de los mayores problemas que se afronta al momento de establecer la situación humanitaria en el Caribe Colombiano, es la falta de información estadística y la ausencia de un mecanismo idóneo de registro y sistematización de acciones violentas, en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humaniario. En primer lugar no existe un sistema que recoja todas las bases de datos y realice un análisis adecuado de la información. En segundo lugar no se hace un monitoreo permanente, lo que dificulta presentar series completas en el tiempo sobre la misma región. Y por último una razón por la cual los datos son incompletos o inexistentes es por el subregistro, es decir, el desconocimiento del hecho. En la mayoría de los casos se da por dos factores comprensibles en las zonas mas violentas: la amenaza y el miedo.
El primer indicador de una situación de violencia por causas políticas es la amenaza. Esta se constituye en una alerta temprana de las violaciones más atroces y uno de los delitos de lesa humanidad que han soportado los pobladores del Caribe, además de masacres y torturas.
Las cifras dadas por los informes del CINEP y recopiladas por el profesor Diego Otero (Economista, asesor equipo académico de INDEPAZ), dan cuenta que en los siete departamentos que integran la región, 624 personas han sido víctimas de amenazas por razones políticas.
El departamento que registra mayor número de personas detenidas arbitrariamente es Bolívar seguido por Sucre. El año que presenta el índice mas alto es el 2003 y el total de las detenciones masivas de la región caribe constituyen el 9.4%.
A pesar de las fallas metodológicas que presentan las cifras anteriores (diferencias en la tipificación de las infracciones por parte de cada una de las fuentes, ausencia de series en cuanto a infracciones, períodos de tiempo y el subregistro por amenaza o miedo) resultan de mucha utilidad por las siguientes razones:
Demuestran la importancia de construir una plataforma coordinada por las organizaciones sociales, que articule el proceso informativo en la región, para que se consolide un verdadero sistema de información que compare, analice y complemente los datos que presentan las instituciones del Estado.
A pesar de que la mayoría de los datos provienen de fuentes estatales, que son consecuentes con la aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno nacional, la situación humanitaria en los siete departamentos de la región es preocupante.
La ausencia de datos sobre infracciones al DIH y violaciones a los Derechos Humanos a poblaciones vulnerables (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas) y a bienes protegidos (escuelas y colegios), no significa que no existan. Por el contrario, se debe constituir en una preocupación tanto para el gobierno como para la sociedad. A consecuencia de ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en iniciar campañas de esclarecimiento de hechos (verdad, justicia y reparación); de la misma manera, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y promotoras de paz han insistido en realizar jornadas de sensibilización y señalización a personas y bienes con el objeto de proteger y garantizar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
La crisis humanitaria en el Caribe Colombiano podría tener múltiples causas, pero principalmente referimos: la concentración de la tierra, el clientelismo, la corrupción, la burocracia, la ausencia de Cultura Política de los ciudadanos para empoderarse de sus entornos locales y regionales. Además, desde los años 80 la situación es crítica debido al escalamiento del conflicto armado interno en todo el territorio nacional, especialmente por la amenaza de actores armados como la insurgencia y los paramilitares.
Como se enunció al inicio de este documento, el objetivo no es presentar ni analizar las causas estructurales del problema, sino demostrar por medio de las cifras la gravedad del asunto y la necesidad de poner en marcha los planes de acción humanitaria a nivel departamental y regional, de incrementar el presupuesto para atender a las víctimas de la guerra y abrir espacios de debate para implementar políticas de largo alcance.
La Declaración por Cartagena y el Caribe Colombiano para resolver la Crisis Humanitaria, suscrita en el marco de la reunión de mesa de donantes reunida en Cartagena en febrero de 2005, es un documento que enuncia la situación y que invita a la sociedad civil, al gobierno nacional y a la comunidad internacional a velar por la efectiva garantía de derechos de los pobladores de la Región Caribe. En esa ocasión las organizaciones regionales, sectoriales y nacionales solicitaron:
1. Al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y a las instituciones del Estado una política especial para detener esta crisis humanitaria que vive la Costa Caribe y, en especial, Barranquilla y Cartagena.
2. A la Comunidad Internacional dirigir su mirada a esta región que históricamente había sido un remanso de paz, y para que le hagan el respectivo seguimiento a dicha solicitud.
3. A los actores armados del conflicto para que respeten a la población civil y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
4. A la opinión pública nacional y en, en especial los medios de comunicación, para mirar creativa y solidariamente a esta región del país.
De la misma forma, las organizaciones se comprometieron a, “impulsar y acompañar las acciones de la Agenda Caribe en solidaridad con nuestros hermanos del Caribe Colombiano”. Este documento procura ayudar a impulsar procesos regionales y a acompañar el trabajo que se hace desde el Caribe.
Por lo anterior se hace necesario y urgente:
Visibilizar la difícil situación que viven diariamente líderes sociales, estudiantes, trabajadores, mujeres, defensores de Derechos Humanos, entre otros, de la región por causa de la degradación del conflicto armado interno.
Presentar los casos emblemáticos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ante las autoridades competentes.
Conocer y hacer seguimiento a los planes de Acción Humanitaria en las diferentes entidades territoriales para que junto a las autoridades competentes se implementen medidas de acción urgentes.
Promover el Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano.
¿Quiénes participan?
Todas las instituciones públicas y privadas que tengan dentro de su mandato la protección y garantía de Derechos Humanos y la aplicación y respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Las organizaciones de la sociedad civil representadas en los gremios, iglesias, universidades y sectores sociales.
Las instituciones del Estado, el Ministerio Público y las autoridades locales.
Los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.
Las delegaciones de organismos multilaterales que trabajen por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo.
Los delegados del Sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias que tienen presencia y responsabilidad en la región.
La comunidad de la región caribe en general.
¿Quiénes convocan?
Plataforma Agenda Caribe, Fundación Surcos, Fundecop, Fundaregión, Aprodefa, Centro de Cultura Afrocaribe, Corporación Paradigma, Vox Populi, Corpadec, Funcicar, Palenque Libre, Corporación Jorge Artel, Convivencia Caribe, Tierra Patria, Esap Bolívar, Universidad de Cartagena, Minga, Indepaz, Cinep, Codhes, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Coordinación Colombia Europa, IPC, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Red Nacional de Mujeres, CUT, Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, Fundación Nuevo Arco Iris, ALDHU, Comité Permanente de Derechos Humanos, Redepaz, Fundación Cultura Democrática, Red de Justicia Comunitaria, Justapaz, Asodevid, Consejería de Paz del Atlántico , Consejería de Paz de Bolívar, Periódico El Universal de Cartagena, Periódico El Heraldo de Barranquilla.
Informes: Cartagena: Fundación Surcos, fsurcos@hotmail.com tel 311-2300395 -300-8011518. Bogotá: Indepaz, ednatmm@yahoo.com tel 315- 5217392. Asociación Minga minga@andinet.com tel 091- 3804380
A pesar de las fallas metodológicas que presentan las cifras anteriores (diferencias en la tipificación de las infracciones por parte de cada una de las fuentes, ausencia de series en cuanto a infracciones, períodos de tiempo y el subregistro por amenaza o miedo) resultan de mucha utilidad por las siguientes razones:
Demuestran la importancia de construir una plataforma coordinada por las organizaciones sociales, que articule el proceso informativo en la región, para que se consolide un verdadero sistema de información que compare, analice y complemente los datos que presentan las instituciones del Estado.
A pesar de que la mayoría de los datos provienen de fuentes estatales, que son consecuentes con la aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno nacional, la situación humanitaria en los siete departamentos de la región es preocupante.
La ausencia de datos sobre infracciones al DIH y violaciones a los Derechos Humanos a poblaciones vulnerables (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas) y a bienes protegidos (escuelas y colegios), no significa que no existan. Por el contrario, se debe constituir en una preocupación tanto para el gobierno como para la sociedad. A consecuencia de ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en iniciar campañas de esclarecimiento de hechos (verdad, justicia y reparación); de la misma manera, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y promotoras de paz han insistido en realizar jornadas de sensibilización y señalización a personas y bienes con el objeto de proteger y garantizar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
La crisis humanitaria en el Caribe Colombiano podría tener múltiples causas, pero principalmente referimos: la concentración de la tierra, el clientelismo, la corrupción, la burocracia, la ausencia de Cultura Política de los ciudadanos para empoderarse de sus entornos locales y regionales. Además, desde los años 80 la situación es crítica debido al escalamiento del conflicto armado interno en todo el territorio nacional, especialmente por la amenaza de actores armados como la insurgencia y los paramilitares.
Como se enunció al inicio de este documento, el objetivo no es presentar ni analizar las causas estructurales del problema, sino demostrar por medio de las cifras la gravedad del asunto y la necesidad de poner en marcha los planes de acción humanitaria a nivel departamental y regional, de incrementar el presupuesto para atender a las víctimas de la guerra y abrir espacios de debate para implementar políticas de largo alcance.
La Declaración por Cartagena y el Caribe Colombiano para resolver la Crisis Humanitaria, suscrita en el marco de la reunión de mesa de donantes reunida en Cartagena en febrero de 2005, es un documento que enuncia la situación y que invita a la sociedad civil, al gobierno nacional y a la comunidad internacional a velar por la efectiva garantía de derechos de los pobladores de la Región Caribe. En esa ocasión las organizaciones regionales, sectoriales y nacionales solicitaron:
1. Al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y a las instituciones del Estado una política especial para detener esta crisis humanitaria que vive la Costa Caribe y, en especial, Barranquilla y Cartagena.
2. A la Comunidad Internacional dirigir su mirada a esta región que históricamente había sido un remanso de paz, y para que le hagan el respectivo seguimiento a dicha solicitud.
3. A los actores armados del conflicto para que respeten a la población civil y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
4. A la opinión pública nacional y en, en especial los medios de comunicación, para mirar creativa y solidariamente a esta región del país.
De la misma forma, las organizaciones se comprometieron a, “impulsar y acompañar las acciones de la Agenda Caribe en solidaridad con nuestros hermanos del Caribe Colombiano”. Este documento procura ayudar a impulsar procesos regionales y a acompañar el trabajo que se hace desde el Caribe.
Por lo anterior se hace necesario y urgente:
Visibilizar la difícil situación que viven diariamente líderes sociales, estudiantes, trabajadores, mujeres, defensores de Derechos Humanos, entre otros, de la región por causa de la degradación del conflicto armado interno.
Presentar los casos emblemáticos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ante las autoridades competentes.
Conocer y hacer seguimiento a los planes de Acción Humanitaria en las diferentes entidades territoriales para que junto a las autoridades competentes se implementen medidas de acción urgentes.
Promover el Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano.
¿Quiénes participan?
Todas las instituciones públicas y privadas que tengan dentro de su mandato la protección y garantía de Derechos Humanos y la aplicación y respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Las organizaciones de la sociedad civil representadas en los gremios, iglesias, universidades y sectores sociales.
Las instituciones del Estado, el Ministerio Público y las autoridades locales.
Los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.
Las delegaciones de organismos multilaterales que trabajen por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo.
Los delegados del Sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias que tienen presencia y responsabilidad en la región.
La comunidad de la región caribe en general.
¿Quiénes convocan?
Plataforma Agenda Caribe, Fundación Surcos, Fundecop, Fundaregión, Aprodefa, Centro de Cultura Afrocaribe, Corporación Paradigma, Vox Populi, Corpadec, Funcicar, Palenque Libre, Corporación Jorge Artel, Convivencia Caribe, Tierra Patria, Esap Bolívar, Universidad de Cartagena, Minga, Indepaz, Cinep, Codhes, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Coordinación Colombia Europa, IPC, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Red Nacional de Mujeres, CUT, Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, Fundación Nuevo Arco Iris, ALDHU, Comité Permanente de Derechos Humanos, Redepaz, Fundación Cultura Democrática, Red de Justicia Comunitaria, Justapaz, Asodevid, Consejería de Paz del Atlántico , Consejería de Paz de Bolívar, Periódico El Universal de Cartagena, Periódico El Heraldo de Barranquilla.
Informes: Cartagena: Fundación Surcos, fsurcos@hotmail.com tel 311-2300395 -300-8011518. Bogotá: Indepaz, ednatmm@yahoo.com tel 315- 5217392. Asociación Minga minga@andinet.com tel 091- 3804380
posted by Agenda Caribe at 00:24
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home