Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano

Declaración Pública

Desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, fosas comunes, minas antipersonal, extorsión, torturas e intimidación, son algunos de los rasgos que configuran hoy la crisis humanitaria y de derechos humanos que en forma crónica y sostenida persiste en los siete departamentos, esa es la principal conclusión de la Primera Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano, realizada en el Salón Martín Luthero de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Barranquilla.

Más de 80 organizaciones sociales y de derechos humanos de la región, agrupadas en la Plataforma Agenda Caribe constaron que a esta situación de inseguridad y antidemocracia se suma la irrupción de nuevas expresiones de violencia asociadas a la marginalidad y el empobrecimiento de la mayoría de la población, como el llamado “paga diario”, mecanismo mediante el cual sectores asociados a mafias locales exprimen y someten a miles de personas por la vía de la especulación, la intimidación e incluso la muerte.

El “paseo de la muerte” emerge como expresión del fracaso de la Ley 100 que convirtió en negocio la prestación del servicio, en clientes a los pacientes y en empresas a las instituciones de salud.

De esta manera, confluyen en la región caribe una grave crisis humanitaria y de derechos humanos en medio del conflicto armado, una profunda crisis social, agravada por un modelo económico excluyente e inequitativo y un estado de cosas inconstitucional por la ausencia e incapacidad del gobierno para realizar los preceptos básicos del Estado Social de Derecho.

Las desmovilizaciones de grupos de autodefensas en la región no condujeron a la superación del paramilitarismo. Por el contrario, hay un proceso de reciclaje y reacomodamiento de las estructuras armadas que se insertan en nuevas expresiones de poder mafioso para imponer su hegemonía en la política, la administración pública y la vida social de las principales ciudades de la costa. Tal es el caso de las “cooperativas de seguridad” que de manera confusa y poco transparente se promueven en Cartagena y Santa Marta.

Las guerrillas siguen atacando a la población civil e imponiendo su lógica de guerra sin acatar las normas del derecho internacional humanitario que la obligan a observar principios básicos de distinción entre combatientes y no combatientes, proporcionalidad en el uso de la fuerza y limitación.

El desplazamiento forzado ha afectado a más de 594 mil personas entre 1999 y 2005. El año pasado más de 62 mil personas llegaron desplazadas a los siete departamentos de la costa, muchos provenientes de regiones como Antioquia, Santander y Chocó. Alrededor de 450 personas han sido injustamente detenidas, luego liberadas y otras exiliadas o muertas en medio de la impunidad.

Hay una relatifundización de la tenencia de la tierra en los departamentos costeños como resultado del despojo, el destierro y el desplazamiento forzado y los procesos de retorno no significan restitución de derechos ni reparación de los daños causados.

Frente a tanta adversidad, emergen formas de resistencias, articulación y acción desde la sociedad civil. En esa perspectiva se reunieron en Barranquilla personas representativas de diversos procesos en la región, voceros de organismos de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. No asistieron a este debate público funcionarios del gobierno nacional, a pesar de haber sido invitados.

La Audiencia Humanitaria del Caribe ha definido una hoja de ruta para avanzar en la superación de la crisis en la región:

1. Acuerdos humanitarios para excluir a la población civil del conflicto
2. Plan de Acción Humanitaria con la participación activa de las comunidades y organizaciones sociales para atender a las víctimas civiles de la confrontación, más inversión para atender a la población en situación de desplazamiento y respeto a los procesos de retorno
3. Respeto a la misión médica y a los agentes humanitarios en las zonas de conflicto
4. Atención a las víctimas de los prestamistas y sus redes mafiosas y acciones ciertas de desmantelamiento de estas estructuras.
5. Reforma de la Ley 100 y recuperación de la salud como servicio público esencial.
6. Respaldo a la defensa de la educación pública y respeto a la movilización estudiantil en defensa de la misma.
7. Reorientación del proceso con los grupos paramilitares y de la ley de justicia y paz de acuerdo con los parámetro de verdad, justicia, reparación y no repetición
8. Solución política y negociada del conflicto armado interno
9. Garantía para las organizaciones sociales y de derechos humanos en el ejercicio de la defensa y preservación de los mismos
10. Desarrollar un enfoque diferencial de género en los estudios sobre efectos de la violencia y el conflicto para visibilizar la problemática la violencia sexual y la prostitución infantil en medio de la guerra.
11. Promover la investigación y divulgación sobre los cambios forzados en la estructura de la propiedad sobre la tierra en la Costa Caribe. Apoyo y respaldo a la Audiencia Humanitaria sobre tierra.
12. Apoyo a la Audiencia internacional de Anthoc e impulso a la reactivación del Comité interinstitucional de derechos humanos en los Montes de María.
13. Participación en la reunión nacional de organizaciones sociales en La María, Departamento del Cauca.

Barranquilla, 29 de marzo de 2006.