Las debilidades del proceso contra el corresponsal de Telesur

Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - 19 de febrero de 2007

"Estamos frente a un caso donde impera la duda", manifestó el fiscal en la decisión que el cinco de enero pasado le devolvió la libertad a Fredy Muñoz. Casi un mes después, se dio a conocer la nueva 'prueba reina' en el proceso: una fotografía de él vestido de boina, con un fusil al hombro y en medio de una celebración en un campamento guerrillero. Más allá del explicable escándalo que desató esta revelación, y de la aparente contundencia de una evidencia como ésta, el proceso por rebelión y terrorismo contra el corresponsal de Telesur presenta graves debilidades.

En dicha resolución, el fiscal que revocó la medida de aseguramiento contra el periodista analiza las pruebas que sustentan la acusación. Y si bien no se trata de una decisión definitiva, da elementos de juicio sobre la solidez de la investigación.

La acusación está basada en los testimonios de varios guerrilleros de las FARC, quienes actualmente cumplen condenas en prisión por diferentes delitos. Uno de ellos asegura haber conocido a 'Jorge Eliécer' - supuesto alias de Muñoz en el grupo armado - en enero de 2002, cuando varios estudiantes de la Universidad de Cartagena visitaron el campamento del Frente 37 de las FARC. Finalizada la visita, 'Jorge Eliécer' se quedó para adelantar un entrenamiento de tres meses en manejo de explosivos.

Otro de los testigos afirmó que Fredy Muñoz y alias 'Caliche' eran los encargados del manejo de explosivos del Frente 37, y que ellos fueron los responsables del acto terrorista de abril de 2002 contra el edificio inteligente de Electrocosta en Chambacú, Cartagena. Además, aseguró que conocía al periodista porque en varias oportunidades se hospedó en su casa, donde residen también su padre y dos hermanas. Por último, justificó su deseo de colaborarle a la justicia "para obtener beneficios por delatar a las personas que en algún momento participaron en esos hechos".

Un tercer declarante reconoció a Muñoz por una foto que le fue presentada, y aseguró que correspondía a 'Jorge Eliécer'. Según el testigo, en alguna oportunidad visitó un campamento con él y, más adelante, le encargaron la tarea de llevarle dinero aparentemente para la compra de explosivos.

Para el fiscal, los testimonios no son contundentes: "se destaca el desconocimiento que del verdadero nombre de alias 'Jorge Eliécer' tenían los testigos (…) además, se presentan inconsistencias desde el punto de vista de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que le imputan los hechos motivo de la investigación, amén de la participación en la guerrilla". Asimismo, manifiesta que las características físicas de Muñoz no coinciden con las de alias 'Jorge Eliécer' a partir de las descripciones de los testigos.

En ese sentido, otro de los testigos afirmó que el 'Jorge Eliécer' que él conocía desertó de la guerrilla y posteriormente lo asesinaron las autodefensas. Cuando el procurador le preguntó si conocía a Fredy Muñoz Altamiranda, respondió: "ese nombre lo estoy escuchando aquí ahorita que la doctora me lo dijo".

Existen dos pruebas adicionales contra el periodista, diferentes a las testimoniales y a la foto recientemente divulgada. La primera son las cicatrices en su cuerpo, producidas supuestamente por heridas en un atentado terrorista. Medicina Legal constató la existencia de diversas marcas en el cuerpo de Muñoz, pero no se atrevió a establecer la causa de éstas. Haciendo esa salvedad, el fiscal considera que las cicatrices de éste no corresponden a las heridas que, según los testigos, le produjo la explosión a 'Jorge Eliécer'.

La otra prueba son las copias de procesos penales encontradas en la casa donde supuestamente vivía el periodista. Sobre el particular, el fiscal determinó que el periodista no residía allí desde tiempo atrás, y que el propietario de los documentos es un abogado involucrado en actividades sindicales y de derechos humanos: "nada extraordinario en su contra (de Muñoz) se encuentra en tal diligencia", concluyó el funcionario.

En su última edición, la revista 'Cambio' divulgó la fotografía y anunció - como lo había hecho otro medio de comunicación días antes - la orden de recaptura contra el corresponsal de Telesur. El martes siguiente el abogado de Muñoz, Tito Gaitán, fue notificado de la medida. No obstante, tuvo varias dificultades para tener acceso al proceso, que adicionalmente fue trasladado de Cartagena a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá.

Mientras tanto, el periodista continúa en la clandestinidad, desde donde envió un comunicado en el que cuestiona la fotografía divulgada. Según él, en la fecha en que supuestamente fue tomada, "es de público conocimiento que me encontraba en la fase de entrega del documental 'El tren que llegaba a Calamar', para la serie 'Trópicos'". También asegura que el primero de febrero recibió en su correo electrónico una amenaza de muerte firmada por las 'Águilas Negras'.

La Fundación para la Libertad de Prensa hace un llamado para que se le garantice un juicio justo al periodista Fredy Muñoz Altamiranda. Lejos de querer desconocer la autoridad soberana de la Fiscalía y de los jueces, o de intervenir en el proceso para debilitar su curso, la FLIP aboga por el respeto de los derechos fundamentales del corresponsal de Telesur en Colombia. De llegar a existir una eventual condena judicial, ésta debe basarse en pruebas claras y contundentes. De lo contrario, la presunción de inocencia deberá prevalecer. Sin descartar que en el futuro puedan aparecer nuevas pruebas contra el periodista, para la FLIP el presente del proceso no es claro.

Esta información es autoría de la FLIP. Por favor reconocerla al difundirla. http://www.flip.org.co E-mail: info@flip.org.co

"He visto mejores montajes que el de mi foto con las FARC"

Por Fredy Muñoz Altamiranda
teleSUR

Como lo advertimos, un nuevo montaje ha sido el resultado de la campaña de criminalización contra la prensa libre, la libertad de expresión y la democratización informativa que avanza en el continente con la expansión de teleSUR.

El pasado 31 de enero nuestros abogados lograron que la Fiscalía General de la Nación trasladara el proceso que se me sigue por rebelión y terrorismo, desde Cartagena de Indias hasta la ciudad de Bogotá.

Proceso que quedó pendiendo de un hilo con el fracaso de las pruebas que se adjuntaron, y que consistían en testimonios contradictorios de llamados "testigos marionetas", y en "informes de inteligencia" vacíos y sin valor probatorio.

Un día después de que mis abogados me notificaran el traslado del proceso, el 1 de febrero pasado, una amenaza de muerte llegó hasta mi correo electrónico, firmada por un grupo paramilitar identificado como las "Águilas Negras". En este correo se nos llama "sapos comunistas disfrazados de periodistas" y se nos conmina a esperar la muerte.

Posterior a esa amenaza algunos medios de comunicación comenzaron a difundir el domingo 4 de febrero una supuesta determinación de la Fiscalía que ordenaba una nueva captura contra mí, salida desde organismos del nivel central de esa institución. El montaje ya se había fraguado.

De forma súbita, intempestiva y oportuna para este organismo, una supuesta fotografía mía en compañía de guerrilleros de las FARC aparece "abandonada" por los insurgentes en el mismo lugar donde estuviera secuestrado el ex ministro Fernando Araújo, y que sólo hasta hoy, un mes y medio después se da a conocer. Han ligado de manera inescrupulosa este suceso, el más significativo y sensible para la opinión pública en los últimos meses, con la persecución y los señalamientos en mi contra.

Esta fotografía ha sido llamada por la Revista Cambio como la prueba "reina", y dicen de ella los organismos de inteligencia, que ha sido tomada a principios del año 2006, cuando es probada mi vinculación permanente al canal teleSUR.

Otro medio asegura, en medio de una irresponsable ambigüedad, que dicha foto fue tomada en abril de 2005, tiempo en el que es de público conocimiento que me encontraba en la fase de entrega del documental "El tren que llegaba a Calamar" para la serie "Trópicos" de Telecaribe.

Seriamente, he visto y he hecho, mejores montajes fotográficos que éste.

Qué manera tan burda e irresponsable de revivir una criminalización que comenzó en los primeros días de mayo de 2005 cuando estos mismos organismos de inteligencia colombianos, incentivados por los Estados Unidos, "confundieron" el estribillo de la canción "Tieta" de Caetano Veloso y cantado en un promocional de teleSUR por una joven brasilera, con una apología al grupo vasco ETA, calificado internacionalmente como terrorista.

Y continuó con las declaraciones del congresista norteamericano Connie Mack sobre el dinero y esfuerzo que dedicarían desde Washington para contener y bloquear a teleSUR, cuando no se había puesto al aire un solo informe periodístico aún.

Este giro que toma ahora la persecución, abonado con un montaje fotográfico y con la publicación irresponsable por parte de la revista Cambio de información escrita con mala fe, y probadamente falsa, es además una grave violación de la reserva sumarial, de la presunción de inocencia y de nuestro derecho a la defensa, agredido con estas supuestas pruebas que se "practicaron" a espaldas de nuestros abogados.

Insiste esta revista en decir, entre otras mentiras, como ya lo dijo en noviembre pasado, que en "mi" apartamento se encontraron membretes de las FARC, cuando el mismo expediente y la resolución del Fiscal de Segunda instancia que me concedió la libertad, aclaran que ni el apartamento que allanaron era mi vivienda, ni en el acta de allanamiento consta que se encontrara membrete alguno. Pero este es el resultado del compromiso de algunos medios de comunicación del país con organismos militares y de inteligencia, que de manera irresponsable publican lo que les llega a las manos, sin ningún rigor ni ética periodística, y con evidente intención de causar daño.

Estamos frente a la forma más especializada de coerción de la libertad de prensa y de criminalización de la diversidad informativa. Así como los Estados Unidos mantienen acusados a periodistas árabes, refugiados en Francia, de ser parte de la red "Al Qaeda" y de participar en la terrible tragedia del 11 de septiembre, sólo por entrevistar e informar sobre las particularidades y acciones de este grupo, aquí en Colombia se pretende detener la anunciada expansión de teleSUR con montajes como este.

A nuestros abogados se les ha negado el acceso al expediente, que dio una vuelta por la ciudad de Cali, inexplicable para muchos juristas consultados. Aún no he sido notificado de la publicitada orden de captura. Creímos que la filtración era la excepción y parece ser la regla, cuando se indaga un poco en el pasado de los funcionarios judiciales comprometidos en este montaje.

El DAS de Barranquilla manejado por el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 es quien hace la captura. Antes había capturado a Alfredo Correa de Andreis, amigo y maestro, y a una docena más de activistas sociales, estudiantes, sindicalistas, gestores culturales y maestros.

Es probada la participación de paramilitares y de agentes de esta entidad en el repudiado crimen de Alfredo Correa, y otros más detallados con sangre fría en el famoso computador de Jorge 40, hallado en poder de alias "Don Antonio" un militar retirado al servicio del paramilitarismo.

El fiscal Manuel Hernando Molano Rojas, un fiscal no especializado, y delegado ante la llamada Unidad de Reacción Inmediata del DAS en el Atlántico, recibe mi indagatoria y al final de ella le pide disculpas a mi abogado por las "irregularidades cometidas" y me dice textualmente: "A ti los que te quieren joder (sic) son los de la Armada".

El proceso llega entonces a manos de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, (responsable de capturas masivas denunciadas por la defensoría del pueblo de Bolívar, que terminaron en la absolución de los capturados) quien está seriamente involucrada con grupos paramilitares, tal y como lo denunciaron abogados litigantes de Cartagena en una comunicación del año 2004.

Estos abogados, cansados de la corrupción y de la entrega de la Fiscalía al paramilitarismo, denunciaron en un comunicado que Miriam Martínez Palomino, en compañía de Demóstenes Camargo de Ávila, -hoy jefe de los fiscales especializados de Cartagena, y quien en su momento acusó a Alfredo Correa de Andreis y a dirigentes como Amaury Padilla Cabarcas- los fiscales Pedro Díaz Pacheco y Jesús García Castillo, encabezados por el director seccional de la fiscalía de Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, están comprometidos con el paramilitarismo.

A mediados del año 2004 este grupo de funcionarios judiciales estuvieron reunidos, dice el comunicado, en una finca en San Jacinto, Bolívar, del ex senador conservador Rodrigo Barraza, finca a la cual llegó una patrulla de la policía que se enfrentó a tiros con ellos, y que luego de reducirlos los hallaron acompañados por los cabecillas paramilitares, Antonio Orozco Ochoa, alias "el comandante", y Álvaro Rodríguez Pérez, alias "don Rodri", más ocho paramilitares que les servían de escoltas.

En poder de este contubernio fiscalía-paramilitarismo, se encontraron copias de todos los expedientes de las personas que han sido detenidas en la región, sindicados de rebelión y terrorismo.

Sin embargo este suceso fue disuelto por una orden de la Fiscalía General, en cabeza en su momento de Luis Camilo Osorio, a quien se le atribuyen ahora, luego de las primeras versiones libres de los cabecillas paramilitares, las más tenebrosas alianzas con estas organizaciones de ultraderecha.

De las manos de estos fiscales fue sacado el proceso que hoy, luego de un inexplicable paso por la ciudad de Cali, piensa revivirse al peso de montajes como los expuestos por algunos medios del país.

Hago un llamado a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a Organizaciones No Gubernamentales, a las asociaciones defensoras de la libertad de prensa, al periodismo independiente, a agremiaciones de medios, a asociaciones de usuarios de medios, y a toda la colectividad crítica y activa de nuestro continente, a vigilar de cerca el devenir de esta situación.

Niego públicamente, como lo afirman de forma tendenciosa los organismos de inteligencia y sus medios áulicos, que haya salido del país. Desde el pasado 1 de febrero y debido a las graves y recurrentes amenazas contra mi vida, me resguardo de ellas, y trato de que mi familia lo haga también, dentro de mi país. A pesar de todas estas circunstancias, mis abogados no han dejado de asistir el proceso.

Quiero llamar la atención de la Defensoría Nacional del Pueblo para que garantice nuestro derecho a la vida, al debido proceso, a la libre expresión y al buen nombre; el mío, el de mi familia y el de mis colegas de teleSUR en Colombia, e intervenga en medio de tantas y tan alevosas amenazas.

Ver también:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=46632