Nuevo ataque a la Libertad de Prensa

Detenido Freddy Muñoz Altamiranda - Corresponsal de Telesur en Colombia

Agenda Caribe y la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - REINICIAR, Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, se permiten denunciar ante los Organismos de Derechos Humanos y la opinión pública nacional e internacional, el reciente ataque contra la libertad de prensa, ocasionado en la injusta detención del periodista FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA.

HECHOS

1.- El día 19 de noviembre de 2006, siendo aproximadamente las 9:00 p.m., cuando el periodista FREDDY MUÑOZ ALTAMIRANDA regresaba a Colombia, procedente de Venezuela, fue privado de la libertad por parte de personal del Departamento Administrativo de Seguridad, en razón de la existencia de una orden de captura dictada por la Fiscalía 5 de Barranquilla, bajo los cargos de rebelión y terrorismo.

Según hemos sido informados, en horas de la noche fue indagado por parte de la Unidad de Reacción Inmediata, encontrándose en la actualidad privado de la libertad en la sala de retenidos del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.

2.- El día 13 de noviembre de 2006, Freddy Muñoz Altamiranda había salido del país, con destino a Venezuela, a fin de participar “en un taller de narrativa audiovisual organizado por Telesur por Michael Cowgan periodista norteamericano de la BBC y Torry Zumbado camarógrafo independiente de la guerra en Irak”.

3.- Freddy Muñoz Altamiranda es un reconocido periodista, quien se ha desempeñado como realizador audiovisual, escritor y periodista. Realizó para la programadora cultural colombiana Audiovisuales la serie "Leyendas". Ha sido redactor de "El Universal" y "El Periódico" de Cartagena (Bolívar) y reportero del noticiero de televisión 6:25 Cartagena. Realizador de documentales de la serie "Trópicos" para el canal de televisión del Caribe colombiano, TELECARIBE. Actualmente es corresponsal internacional de noticias del Canal Telesur en Colombia.

4.- Previo a su detención Freddy Muñoz había realizado diversas notas de prensa y reportajes, relacionados con la situación de desplazamiento forzado en Colombia, las denuncias en contra del General Jorge Daniel Castro donde se le hacen acusaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, así como lo relacionado con los beneficios otorgados a paramilitares, a nivel económico, en el marco del proceso de negociación con el Gobierno.

Freddy Muñoz informaba al mundo como: “Colombia tiene más "refugiados internos" o "desplazados" que Irak, Pakistán, Sudán y Afganistán, en ese orden. Más graves que Colombia en la materia sólo están Uganda, Darfur y la República Democrática del Congo, según el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Preocupan entonces dos situaciones: una, que estos grupos de nuevos paramilitares se hayan declarado, desde antes del debate electoral de mayo 28 pasado, en favor de la reelección presidencial de Álvaro Uribe y el gobierno no haya manifestado rotundamente rechazo a su existencia y accionar; y dos, que las operaciones militares multimillonarias nombradas como Plan Colombia y Plan Patriota, de objetivos contrainsurgentes, y que son los mayores generadores de desplazamiento en el Sur del país, no sean revisados sino fuertemente realimentados con recursos norteamericanos, a pesar de su probada ineficacia.”

5.- Para REINICIAR es altamente preocupante observar como estas acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y Organismos de Seguridad del Estado, podrían estar dirigidos en contra de quienes desarrollan una labor crítica y alternativa en el ejercicio del periodismo. La detención de Freddy Muñoz Altamiranda, así como casos similares, se inscriben en el contexto de ataques y persecuciones a la libertad de prensa en Colombia, que ha sido ampliamente documentada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

6.- Freddy Muñoz Altamiranda envió desde su lugar de reclusión una declaración, en la que desde una ética periodística nos expresa: “Una vez más el periodismo libre y crítico es agredido por quienes insisten en utilizar la coacción, el amedrantamiento, la mentira y la fuerza para doblegarlo ... un buen periodista no sabe decir o promulgar sino la verdad y en nuestros sufridos países latinoamericanos la verdad es el sol que desvela y disminuye a los señores de las sombras .. Gracias por enseñarme a no desfallecer, porque hacer periodismo es hacer público lo que no se quiere que se sepa, todo lo demás es propaganda.”

Por lo anterior les solicitamos dirigirse a las autoridades colombianas a fin de que les sea exigido:

a) Sea respetado el ejercicio de la libre expresión y la libertad de información, las cuales se ven desconocidas mediante la detención de FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA.

b) Sean respetadas las garantías judiciales del periodista FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA, restableciendo de manera inmediata su derecho a la libertad.

Bogotá, noviembre 20 de 2006

Agenda Caribe - Corporación Reiniciar

Más información: http://colombia.indymedia.org/

Grave amenaza a la Vida y al Medio Ambiente en Taganga, Magdalena

El Comité Pro Defensa de Taganga denuncia ante la opinión pública nacional e internacional el atropello que viene cometiendo la Alcaldía Distrital de Santa Marta con la perforación de un túnel en los cerros de Taganga, para verter en la bahía de este pueblo pesquero las aguas lluvias contaminadas por desechos orgánicos e inorgánicos de los barrios nororientales de la ciudad de Santa Marta; afectando así la salud, la economía, la cultura y el ecosistema marino.

Hechos

1. El Distrito de Santa Marta, adelanta en los actuales momentos el proyecto “Construcción del colector pluvial Bastidas - Mar Caribe” que a través de un canal abierto de mas de 5 kilómetros, recogerá las aguas lluvias contaminadas de los Barrios subnormales del nororiente de la ciudad, la mayoría de estos barrios padecen la carencia de redes viales, agua potable y alcantarillado, entre otros servicios, lo cual implicará el arrastre por este canal de toda clase de basuras, sedimentos, carbón, químicos, grasas, combustibles y demás residuos, incluidas las aguas negras que con cada aguacero se rebosan del alcantarillado.

2. El débil análisis de impactos ambientales que respalda la licencia de construcción del canal no contempla el tramo final de salida al mar, decidiéndose, arbitrariamente, por parte de la Alcaldía Distrital de Santa Marta en cabeza de José Francisco Zúñiga Riascos, la construcción de un túnel con un diámetro de alrededor de los 7 metros que atravesará poco menos de 300 metros de piedra de los cerros en el lugar llamado “la depresión de pescaíto”, para así verter los desechos en la bahía de Taganga durante la época de lluvias, justificándolo con el absurdo argumento de costos económicos más reducidos en comparación con tirar el agua lluvia directamente en el puerto como siempre fue naturalmente e históricamente en Santa Marta. Reiteramos que esta decisión no cuenta con estudios ambientales previos, no existen planes de manejo, prevención y mitigación de impactos, ni licencia ambiental que cobije las implicaciones sobre el ecosistema marino, la economía pesquera y turística, la salud de los habitantes y visitantes de Taganga, entre otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de impactos que la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. y la Alcaldía Distrital de Santa Marta omitieron realizar.
3. Esta decisión, fue respaldada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, como autoridad ambiental local, quienes en omisión de sus obligaciones de protección, desconoció la realización de un estudio sobre el impacto ambiental que va a producir las descargas de estas aguas en la Bahía de Taganga que por sus características propias es parte fundamental del ecosistema marino de la región, donde, se da el desove de algunas especies de peces y de langostas, es lugar de estación y comedero de especies migratorias, además, en los acantilados existen corales, valiosos para el sostenimiento de la vida marina, tal como lo certifica la investigación: “Área Coralina de Colombia e informe del estado de los ambientes marinos y costeros de Colombia” (INVEMAR 2000)[1].
4. Aún si el agua lluvia vertida durante cada aguacero fuese completamente pura, esta modificaría la densidad del agua del mar, en su salinidad y en su composición química afectando especialmente a los corales.
5. Una de las principales formas productivas que sostiene a cerca de 600 familias tagangueras es la pesca artesanal estacionaria con chinchorro, las familias chinchorreras involucran a todos su miembros en la actividad y en forma colectiva y organizada se trasladan hasta pequeñas playitas como Genemaca, Cagabuzo, El Ancón, la Playita, Sisiguaca, y Monoguaca que se forman entre los acantilados y corales de la bahía, estas, son ancones de pesca de especies migratorias que desde siempre se han detenido periódicamente en Taganga; las aguas para esta clase de pesca deben ser cristalinas, de forma que si los peces encuentran el agua turbia o con PH bajo desvía su curso costero para salir de las radas, dejando las redes vacías faena tras faena. Los chinchorreros han visto mermados sus ingresos en los últimos años a causa del llamado “emisario submarino”, que arroja la inmundicia del alcantarillado samario en el mar sin ningún tratamiento y, dependiendo de la época del año y las corrientes marinas, esta podredumbre llega a la bahía de Taganga, al parque Tayrona y hasta se devuelve sobre la bahía de Santa Marta, sin que haya siquiera un monitoreo de esta situación por parte de CORPAMAG, y si lo existe, no repercute en el mejoramiento de la situación. Si esto sucede con el emisario que no arroja sus desechos directamente en Taganga, ¿qué se podría esperar del colector pluvial?, lo menos que se nos ocurre pensar es que el daño sería irreparable para la pesca en la zona de influencia de los ancones de pesca, produciéndose un grave perjuicio a la comunidad pesquera del pueblo.
6. Otra de las graves consecuencias que traería este vertimiento de aguas sedimentadas a la Bahía de Taganga sería la contaminación con metales pesados como el plomo y el cadmio, cuya acumulación en la carne de los peces es peligroso, ocasionando enfermedad o muerte para el hombre dependiendo de la concentración. Gran parte del canal, viene a un costado de la vía alterna al puerto, por donde transitarán preferentemente camiones carboneros y de carga variada, por ello, sucederá como ya está pasando, que se establecerá un sin número de llanterías, lavaderos de carros, parqueaderos, etc. cuyos desechos se acumularán sobre la carretera y al borde de la misma, siendo arrastrados por el canal cuyas aguas irán a parar en la Bahía de Taganga contaminándola.
7. El sedimento que caerá a la bahía, los desechos químicos que se boten al canal, los que entren por el rebose de las alcantarillas, la contaminación ambiental que ya soportamos con el emisario submarino, el arrastre de partículas de carbón cuando cambia la dirección del viento y la influencia de la contracorriente de Panamá que trae consigo cierta carga de material orgánica e inorgánico proveniente de la descargadas continentales de el Río Magdalena y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, terminará por anular la otra fuente de ingresos para los tagangueros como es el turismo, ningún turista nacional o extranjero querrá visitar unas playas contaminadas.
8. El señor Alcalde de Santa Marta al disponer la apertura del túnel y resolver arrojar las aguas en la Bahía de Taganga viola en forma flagrante los artículo 452 y 453 en su numeral 2º del POT que integra a Taganga en el subsistema hídrico del espacio público con posibilidades de recreación y fomento del turismo, así mismo, el POT ordena emprender una serie de acciones que conduzcan a elevar el nivel de la oferta turística en los espacios públicos localizados en la zona de litoral que va desde la PUNTA PETACAS (Bahía de Taganga) hasta la desembocadura del río Palomino.
9. Además de todas las falencia mostradas, el proyecto no fue consultado, ni socializado con los habitantes de Taganga, que es la comunidad que directamente va ha sufrir su impacto negativo, la comunidad solo se enteró por una información de prensa publicado en el periódico Hoy Diario Del Magdalena, cuando ya estaba adelantada la obra violando también el artículo 79 de la Constitución Política cuando dice que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarle.
10. La Alcaldía de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional Magdalena CORPAMAG y las demás entidades públicas responsables omitieron flagrantemente realizar la consulta previa a las cuatro comunidades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta organizadas en el Consejo de Cabildos Territorial – CTC, quienes consideran a Taganga, Dumbira y el Cerro Java Nekún (que va de Taganga hasta Santa Marta, en los muelles y que es madre de las espiritualidades o autoridades espirituales), como lugares sagrados y de pagamento y parte integrante de la Línea Negra. Esta obligación de consulta fue establecida por el convenio 169 de la OTI sobre todos los proyectos de desarrollo que se pretendan realizar en territorios indígenas incluyendo dentro de este término a los territorios ancestrales de dichas comunidades.

Antecedentes y Contexto

Taganga es un pueblo de pescadores enclavado en el caribe colombiano, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y a sólo cinco minutos de la ciudad con este mismo nombre; sus habitantes, descendientes directos de los indígenas Tayrona.

Emisario submarino: Después de décadas en las cuales las aguas servidas de Santa Marta fueron echadas directamente el la orilla del mar en el lugar denominado Boquerón (en la bahía de Taganga), las autoridades distritales decidieron realizar un emisario submarino. En el proyecto inicial se incluía el tratamiento del agua servida para luego echarla al mar. Sin embargo, esta planta de tratamiento desapareció del proyecto y no se realizó, a pesar de haber sido aceptada por las autoridades competentes.

La Empresa Metroagua argumenta que en cualquier parte del mundo se manejan las aguas servidas de esta forma: echándolas al mar!!!, cuando realmente esto tiene unos criterios de salubridad y purificación así como manejo de sólidos muy estrictos frente a los cuales resulta una barbaridad el mediocre manejo que se da a las aguas servidas en Santa Marta, donde el único tratamiento son unas rejillas que llaman “filtros” que detienen sólidos de cierta magnitud como plástico animales, palos y piedras.

Alcantarillado para Taganga: El poco dinero invertido fue hecho de una forma irregular, pretendiendo verter el agua negra filtrada directamente en la bahía como se está haciendo en Santa Marta, construyendo la planta de tratamiento directamente en la playa, a lo que la gente se opuso. Irregularidades cuales falta de consulta con la comunidad, diámetro inadecuado y regular calidad de los tubos, mal manejo en la realización de la planta de tratamiento, fueron denunciadas en los medios samarios y con una queja ante la Procuraduría. Esto llevó a una investigación sobre las actuaciones de Hugo Gnecco, Alcalde Distrital de la época, y de otros funcionarios públicos. Poco tiempo después el Edil Rafael Pinto, miembro de la Junta de Acción Local (JAL) de Taganga, autor de la queja ante la procuraduría y protagonista de muchas entrevistas radiales sobre las irregularidades, fue asesinado por hombres quienes le dispararon en la calle a pocos metros de su casa en Taganga.

Proyectos de expansión del puerto comercial de Santa Marta en la bahía de Taganga y la doble finalidad del túnel: Entre las expectativas de ampliación del puerto o construcción de unos nuevos muelles para la exportación de carbón y aceite de palma africana, se tiene visto a Punta Petacas y el antiguo Boquerón ambos ubicados en la herradura de Taganga y que iría contra los criterios ambientales y de desarrollo acordados en el POT. Muchos expertos adelantan la hipótesis que el tamaño del túnel (7mt de diámetro cuando 3mt serían más que suficientes), se decidió con la doble finalidad de utilizarlo para llegar a los nuevos muelles en la bahía de Taganga con camiones o con una banda transportadora.

Actuaciones Realizadas Por La Comunidad

1. Derechos de petición solicitando información: sobre las especificaciones de la obra y las autorizaciones y permisos, licencias y demás requisitos previos a la Alcaldía Distrital, Corpamag, Ministerio del Medio Ambiente, DIMAR, INVEMAR, entre otras, sin lograr ninguna respuesta plausible, es decir todas las entidades contestaron con disuasivos y ninguna ha aportado materialmente a la comunidad la información solicitada, que permita realizar el objeto de la información.
2. De la contestación a un derecho de petición formulado por la cooperativa de pescadores de Taganga ante la Dimar - DIRECCION GENERAL MARÍTIMA Y PORTUARIA se desprende que hasta el momento la Dimar no ha entregado el permiso o concesión correspondiente, ni mucho menos el Distrito ha aportado la documentación necesaria para la Concesión al tenor de lo dispuesto en el decreto 2324 de 1984 que se anexa.
3. Acción de Tutela: contra Metroagua la cual fue fallada a favor de la comunidad ordenándole entregar todos los documentos y planos, luego de que se interpusieran dos derechos de petición de solicitud de información, a los cuales Metroagua contestó que estos se encontraban disponibles en el lugar de las obras.
4. Acción Popular: La cual no ha sido estudiada y contestada por el juez competente a pesar de tener cerca de un mes de ser interpuesta y en la que se solicitó suspensión inmediata de las obras de perforación del túnel, por lo cual día y noche continúan las obras curiosamente de forma acelerada.
5. Impacto en la Prensa y radio local y nacional: Hay mucha atención de la prensa escrita y hablada. A pesar de esto, no siempre el punto de vista de la comunidad de Taganga viene reportado objetivamente. Insistimos en expresar a la opinión pública el punto de vista de los tagangueros sobre las obras, el cual no es de oposición al colector pluvial, sino a la construcción del túnel y la salida de este en la bahía de Taganga lo cual traería daños irremediables para todos y onerosos costos a la administración pública.
6. Reunión con el Alcalde Distrital de Santa Marta: Después de enviar una carta abierta al Alcalde con más de mil firmas de pobladores de Taganga, se realizó un único encuentro formal con Francisco Zúñiga R. donde este manifestó a la comunidad que el túnel era un hecho indiscutible y los posibles temas de la agenda debían versar sobre detalles formales, a lo cual los delegados de Taganga respondieron que la construcción del Túnel estaba en el centro del problema y hasta tanto no se parara su construcción no se podrá discutir ningún asunto. En este punto se rompió el diálogo con la mala interpretación de algunos medios quienes desinformaron en la opinión pública que los tagangueros estaban en contra de la obra pretendiendo con ello enfrentarnos con la comunidad de pescaíto y Santa Marta. Luego el Alcalde citó a una reunión informal a la cual inasistió sin excusarse.
7. Jornada de Trabajo sobre Medio Ambiente, Agua, Megaproyectos y Defensa de la Sierra Nevada: Con el fin de buscar apoyo y estrategias comunes el Comité Pro Defensa de Taganga organizó una reunión donde Además de las organizaciones cívicas, gremiales y ambientalistas de Taganga, participaron representantes de comunidades, organizaciones ambientalistas y sociales de los tres departamentos del magdalena grande, expertos nacionales e internacionales en medioambiente, agua, megaproyectos y planes territoriales.

SOLICITUDES

Por tales hechos solicitamos a la comunidad nacional e internacional, a las comunidades, organizaciones sociales, ambientalista y defensoras de derechos humanos se pronuncien solicitando lo siguiente:

Exigir al Distrito turístico Cultural e histórico de Santa Marta en cabeza de su alcalde, y a la empresa METROAGUA S.A. E.S.P SUSPENDER INMEDIATAMENTE las obras que van encaminada a la PERFORACIÓN Y APERTURA DEL TUNEL DE SALIDA AL COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS – MAR CARIBE para así evitar un daño irreparable.

Exigir al Distrito turístico Cultural e histórico de Santa Marta en cabeza de su alcalde, y a la empresa METROAGUA S.A. E.S.P a realizar el estudio de impacto ambiental sobre las consecuencias del túnel en relación con:
- Estabilidad del cerro donde se quiere realizar el túnel;
- Aguas y ecosistema de la bahía de Taganga;
- Integridad y salvaguardia del Parque Distrital Dumbira;
- Integridad y salvaguardia del Parque Nacional Tayrona.
- Integridad y salvaguardia de la vida cultural y socio económica de la comunidad taganguera.

Exigir al Distrito turístico Cultural e histórico de Santa Marta en cabeza de su alcalde, a realizar la más amplia y democrática consulta previa de la comunidad de Taganga, afectada por el túnel y decidir conforme a la voluntad de la comunidad.

Exigir al Alcaldía de Santa Marta, a la Corporación Autónoma Regional Magdalena CORPAMAG y a las demás entidades publicas a realizar la consulta previa a las cuatro comunidades Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Consejo de Cabildos Territorial - CTC) que todas consideran Taganga, Dumbira y el Cerro como lugares sagrados y de pagamentos y parte integrante de la Línea Negra.

Exigir a las entidades antes mencionadas buscar y concertar con las comunidades de Taganga, de Indígenas de la Sierra Nevada y demás afectadas, alternativas ambiental, social y económicamente sustentable que den solución a la problemática que el túnel de salida del colector pluvial pretende resolver en perjuicio de los derechos humanos.

Por favor, dirigir sus comunicaciones a las siguientes autoridades:

Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71,
E-mail: auribe@presidencia.gov.co

Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación
Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49
E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co;
reygon@procuraduria.gov.co;

Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ; agenda@agenda.gov.co

Juan Francisco Lozano, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Calle 37 # 8-40, Bogotá. Fax: +57.1.332.34.00
E-mail: atencionalusuario@minambiente.gov.co

Ministerio del Interior y Justicia
Josefina Araujo Baute, Directora General de Etnias
E-mail: etnias@mij.gov.co; sprivada@mij.gov.co (Doctor Carlos Holguin Sardi, Ministro)
Avenida Jiménez # 8-89, Bogotá. Fax: +57.1.243.95.52

Diego Palacio Betancourt, Ministro de Protección Social
Cra. 13 # 32-76 Piso 22, Bogotá. Fax: +57.1.336.01.82
E-mail: dpalacio@minproteccionsocial.gov.co

Hernán Martínez Torres, Ministro de Minas y Energías
Transversal 45 No. 26-86, Bogotá. Fax: +57.1.324.52.07
E-mail:minas.energia@minminas.gov.co

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Carlos Alberto Vives Pacheco, Director General de Turismo
E-mail: carlosalbertov@mincomercio.gov.co
Calle 28 no. 13A – 15, Bogotá. Tel: 3821300 Ext.1807 / 08

José Francisco Zúñiga, Alcalde Distrital de Santa Marta
Calle 14 # 2-49, Santa Marta. Fax: +57.5.421.05.49
E-mail: alcalde@santamarta.gov.co

Carolina Maya Vivas
Directora Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente – DADMA
Calle 17 # 3-120, Santa Marta. Tel: +57.5.421.43.57
E-mail: dadma@santamarta.gov.co

Orlando Enrique Cabrera Molinares
Director General Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG
Calle 22 # 3-54, Santa Marta. Fax: 421.13.44 ext. 117
E-mail: director@corpamag.gov.co

[1] El Instituto de Investigaciones marinas y costeras José Benito Vives de Andreis (INVEMAR) ha hecho los estudios sobre la zona, este instituto es una seria y prestigiosa entidad científica vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, allí los investigadores y expertos pueden determinar, en particular, si hay riesgo de perjudicar la vida marina de la Bahía de Taganga con el vertimiento de agua lluvia y los desechos portados por esta.

Detenidos estudiantes universitarios en Sucre

Panorámica de Sincelejo

"En el caribe continua la cacería de brujas”

La organización estudiantil de la Costa Norte Colombiana denuncia ante la comunidad nacional e internacional y la opinión pública en general los graves hechos de persecución e injusta judicialización y detención de miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad de Sucre.

HECHOS

1. El día 5 de mayo de 2006 siendo las 10:30 PM, en la ciudad de Sincelejo fueron detenidos los estudiantes del programa de ingeniería agrícola de la Universidad de Sucre, MAYRA MILENA LÓPEZ CEVERICHE y CARLOS VÉLEZ CÁRDENAS; las capturas se realizaron por parte de integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.

2. Las detenciones de los estudiantes se realizaron en medio de extrañas circunstancias, pues en el caso de MAYRA MILENA LÓPEZ, la cual fue detenida por parte de sujetos armados quienes no se identificaron como miembros de ningún organismo de seguridad del estado y sin presentar ningún tipo de orden de captura procedieron a esposarla, los gritos y avisos de la comunidad obligaron la presencia de la Policía Nacional y extrañamente los desconocidos pertenecían al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS (una de las centrales de inteligencia actualmente más cuestionada por sus fuertes conexiones con el paramilitarismo) lo cual nos hace temer por la vida de estos estudiantes.

3. Los estudiantes son reconocidos dirigentes de la Universidad de Sucre, en el caso de MAYRA MILENA LÓPEZ es miembro de la Organización Red de Mujeres del Caribe y responsable del tema juvenil, integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) y miembro del Polo Democrático Alternativo.

4. CARLOS ENRIQUE VÉLEZ CÁRDENAS es actualmente dirigente estudiantil de la Universidad de Sucre y miembro de la organización estudiantil GALILEO.

5. En la actualidad los estudiantes se encuentran a disposición de la Fiscalía VI de Cartagena quien los requiere por el delito de rebelión.

Vale la pena mencionar que en la costa atlántica y en particular en la región de los Montes de Maria se han presentado intentos de desaparición forzada por parte de la Infantería de Marina, a través de ordenes de batalla producidas por el B2 del ejercito donde se vinculan a estudiantes universitarios, campesinos y lideres de organizaciones sociales a grupos guerrilleros, siendo éstos, montajes judiciales falsos, sustentados en testimonios de informantes pagos por el mismo estado y sus organismos de seguridad, para dar resultados de capturas con personas inocentes que luego de ser injustamente judicializadas deben en una inmensa mayoría de casos salir de sus regiones y abandonar los procesos sociales que lideraban.

6. Señalamos que la agresión a la Universidad Colombiana en el marco del debate electoral obedece a la intención del gobierno nacional de silenciar el auge de una candidatura como la del Doctor Carlos Gaviria Díaz, donde los estudiantes Colombianos somos el principal motor que ha impulsado la consigna “CONSTRUYAMOS DEMOCRACIA NO MAS DESIGUALDAD”.

Con base en lo anterior exigimos al gobierno nacional:

1. La libertad inmediata de los estudiantes de la Universidad de Sucre MAYRA MILENA LÓPEZ CEVERICHE y CARLOS VÉLEZ CÁRDENAS.

2. Garantías para la vida y la aplicación del debido proceso en las injustas detenciones de los compañeros MAYRA MILENA LÓPEZ CEVERICHE Y CARLOS VÉLEZ CÁRDENAS.

3. No más agresiones contra el movimiento estudiantil, ni violaciones al debido proceso y atropello de la libertad como ocurrió con FEDERICO APOLINAR VALERO COGOLLO estudiante de la ESAP, condenado a 72 meses de prisión con base a montajes judiciales falsos y violaciones a sus garantías judiciales.

4. NO a la criminalización de la protesta estudiantil y social en todo el territorio nacional, pero en especial en el Caribe Colombiano.

5. Exigimos respeto a la totalidad de los derechos humanos y en particular al libre ejercicio de oposición política.

Secretaría de Derechos Humanos ACEU

Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano

Declaración Pública

Desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, fosas comunes, minas antipersonal, extorsión, torturas e intimidación, son algunos de los rasgos que configuran hoy la crisis humanitaria y de derechos humanos que en forma crónica y sostenida persiste en los siete departamentos, esa es la principal conclusión de la Primera Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano, realizada en el Salón Martín Luthero de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Barranquilla.

Más de 80 organizaciones sociales y de derechos humanos de la región, agrupadas en la Plataforma Agenda Caribe constaron que a esta situación de inseguridad y antidemocracia se suma la irrupción de nuevas expresiones de violencia asociadas a la marginalidad y el empobrecimiento de la mayoría de la población, como el llamado “paga diario”, mecanismo mediante el cual sectores asociados a mafias locales exprimen y someten a miles de personas por la vía de la especulación, la intimidación e incluso la muerte.

El “paseo de la muerte” emerge como expresión del fracaso de la Ley 100 que convirtió en negocio la prestación del servicio, en clientes a los pacientes y en empresas a las instituciones de salud.

De esta manera, confluyen en la región caribe una grave crisis humanitaria y de derechos humanos en medio del conflicto armado, una profunda crisis social, agravada por un modelo económico excluyente e inequitativo y un estado de cosas inconstitucional por la ausencia e incapacidad del gobierno para realizar los preceptos básicos del Estado Social de Derecho.

Las desmovilizaciones de grupos de autodefensas en la región no condujeron a la superación del paramilitarismo. Por el contrario, hay un proceso de reciclaje y reacomodamiento de las estructuras armadas que se insertan en nuevas expresiones de poder mafioso para imponer su hegemonía en la política, la administración pública y la vida social de las principales ciudades de la costa. Tal es el caso de las “cooperativas de seguridad” que de manera confusa y poco transparente se promueven en Cartagena y Santa Marta.

Las guerrillas siguen atacando a la población civil e imponiendo su lógica de guerra sin acatar las normas del derecho internacional humanitario que la obligan a observar principios básicos de distinción entre combatientes y no combatientes, proporcionalidad en el uso de la fuerza y limitación.

El desplazamiento forzado ha afectado a más de 594 mil personas entre 1999 y 2005. El año pasado más de 62 mil personas llegaron desplazadas a los siete departamentos de la costa, muchos provenientes de regiones como Antioquia, Santander y Chocó. Alrededor de 450 personas han sido injustamente detenidas, luego liberadas y otras exiliadas o muertas en medio de la impunidad.

Hay una relatifundización de la tenencia de la tierra en los departamentos costeños como resultado del despojo, el destierro y el desplazamiento forzado y los procesos de retorno no significan restitución de derechos ni reparación de los daños causados.

Frente a tanta adversidad, emergen formas de resistencias, articulación y acción desde la sociedad civil. En esa perspectiva se reunieron en Barranquilla personas representativas de diversos procesos en la región, voceros de organismos de Naciones Unidas, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. No asistieron a este debate público funcionarios del gobierno nacional, a pesar de haber sido invitados.

La Audiencia Humanitaria del Caribe ha definido una hoja de ruta para avanzar en la superación de la crisis en la región:

1. Acuerdos humanitarios para excluir a la población civil del conflicto
2. Plan de Acción Humanitaria con la participación activa de las comunidades y organizaciones sociales para atender a las víctimas civiles de la confrontación, más inversión para atender a la población en situación de desplazamiento y respeto a los procesos de retorno
3. Respeto a la misión médica y a los agentes humanitarios en las zonas de conflicto
4. Atención a las víctimas de los prestamistas y sus redes mafiosas y acciones ciertas de desmantelamiento de estas estructuras.
5. Reforma de la Ley 100 y recuperación de la salud como servicio público esencial.
6. Respaldo a la defensa de la educación pública y respeto a la movilización estudiantil en defensa de la misma.
7. Reorientación del proceso con los grupos paramilitares y de la ley de justicia y paz de acuerdo con los parámetro de verdad, justicia, reparación y no repetición
8. Solución política y negociada del conflicto armado interno
9. Garantía para las organizaciones sociales y de derechos humanos en el ejercicio de la defensa y preservación de los mismos
10. Desarrollar un enfoque diferencial de género en los estudios sobre efectos de la violencia y el conflicto para visibilizar la problemática la violencia sexual y la prostitución infantil en medio de la guerra.
11. Promover la investigación y divulgación sobre los cambios forzados en la estructura de la propiedad sobre la tierra en la Costa Caribe. Apoyo y respaldo a la Audiencia Humanitaria sobre tierra.
12. Apoyo a la Audiencia internacional de Anthoc e impulso a la reactivación del Comité interinstitucional de derechos humanos en los Montes de María.
13. Participación en la reunión nacional de organizaciones sociales en La María, Departamento del Cauca.

Barranquilla, 29 de marzo de 2006.

Los duelos de la memoria y las memorias de la rebeldía

Alfredo Correa de Andreis (Q.E.P.D)

Por Claudia Korol

¿Dónde vive la memoria? ¿Quién la muere? ¿Por qué nos duele? ¿Hasta cuándo el duelo? ¿Qué recuerda la memoria? ¿Cuánto olvida? ¿Quién la enciende? ¿Quién la apaga?

¿Cuánta memoria marcha un 24 de marzo? ¿Cuánta memoria se va de ferias? ¿Cuánta se levanta un monumento? ¿Cuánta memoria se vuelve mercancía? ¿Cuánta se disuelve en los despachos del poder?

30 años transcurrieron desde el golpe de estado que estableció en Argentina la dictadura militar más feroz de nuestra historia, y una de las más salvajes de nuestro continente. El terrorismo de Estado, con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y de complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía. Si éste se estableció en nuestras tierras sobre la base del genocidio de la población originaria y de los pueblos afrodescendientes traídos como esclavos; si después fue necesaria una nueva "Conquista del Desierto", para sentar las bases de la "modernización" realizada por la generación del 80; los artífices de esta última dictadura, herederos muchos de ellos de aquella oligarquía "fundadora de la Nación", volvieron a recurrir al genocidio, para aplacar toda resistencia.

Llamaron "Proceso de Reorganización Nacional", a lo que fue un nuevo momento de recolonización cultural, sostenido en una contrarrevolución preventiva, cuyos datos sobresalientes volvieron a ser el exterminio, la impunidad, el racismo, el crimen organizado.

El golpe de estado en Argentina, fue parte de la política imperialista para América Latina, que tuvo como instrumento contrainsurgente el "Plan Cóndor". Se trataba de detener el proceso de ascenso de los movimientos revolucionarios que alentados por la revolución cubana y por otros hechos significativos del contexto internacional -triunfo sobre el fascismo, revolución china, mayo del 68, Vietnam-, desparramaban por América Latina la certeza de que el cambio no sólo era necesario, sino que también era posible.

La máquina de matar se puso en marcha para aplastar toda insurgencia. Se trataba no sólo de liquidar al pez, sino de dejarlo sin agua. Por eso el indiscriminado asesinato de hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Por eso los mecanismos del terror: la desaparición forzada de personas, los campos de concentración, la maquinaria de delaciones organizada para romper toda solidaridad. Por eso la guerra cultural, promoviendo el "sálvese quien pueda", y "el silencio es salud"; con la complicidad de periodistas que aún hoy infectan los medios de comunicación. Por eso el aliento a la traición, a la ruptura de los lazos de solidaridad, y la inoculación de la desconfianza.

El paso siguiente era la impunidad, basada en la desmemoria.

Pasaron treinta años. Vale la pena sacar algunas cuentas. La dictadura logró su cometido en varios sentidos: la desarticulación de las organizaciones revolucionarias de aquel momento, del sindicalismo de liberación, de las ligas agrarias, de un movimiento estudiantil combativo, del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, del movimiento villero, y de numerosos movimientos populares que fueron diezmados, y desestructurados.

La pérdida más grande e imposible de nombrar sin sentir escalofríos: la ausencia de una generación de hombres y mujeres revolucionarios, generosos, dispuestos a cambiarse a sí mismos para cambiar al mundo, empeñados en la creación del "hombre nuevo" -ellos no se imaginaban la posibilidad de "la nueva mujer"-. Y como consecuencia también de esta historia, la deserción de muchos sobrevivientes de aquella generación, que adaptaron la idea de "tomar el poder", a la de "acercarse al poder"; y cuando se acercaron, se quedaron gustosos. Ahora desde el poder, tratan a los que resisten de "inadaptados", "duros", "inmaduros", versiones diversas del "imberbes" de otros tiempos, y no vacilan en cercar la plaza cuantas veces se sienten amenazados.

La dictadura militar, fue la condición para que se estableciera en el país el capitalismo privatizador, "neoliberal", que destruyó la soberanía nacional, devastó los bienes de la naturaleza, extranjerizó la economía, destruyó identidades clasistas y populares, multiplicó el posibilismo, como justificación ideológica del "no se puede".

Ellos lograron bastante. Pero no nos derrotaron.

La derrota significa, en términos políticos, destruir la voluntad de resistencia. Y allí, es donde no pueden con nosotros Allí, precisamente allí, es donde se encuentra el valor de la terca, mágica, y rebelde memoria.

La memoria nos permite recordar que no hubo lugar del país, en el que no existieran gestos luminosos de resistencia. Aún en las regiones más oscuras y sórdidas, en los campos de concentración, tenemos manos tendidas, gente destrozada por la tortura que no entrega a sus compañeros, hombres y mujeres que callan hasta olvidar, información que atraviesa las zonas de la "no existencia", denuncias que se filtran hasta comenzar a hacerse oír. Aún en los lugares más duros, como las cárceles, hemos escuchado relatos de inmensa dignidad, de mujeres que desafiaban la condena al mundo monocolor, tejiendo telares con hilos de colores ingresados clandestinamente, de hombres que aprendían a leer y a escribir, para comunicarse con el mundo. Aún en el lugar más insondable de la subjetividad, la de una madre que ve desaparecer a su hijo o hija en un cono de sombras, encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo y la quietud en marcha, que vuelve público lo privado socializando la maternidad, y alimentando la rebeldía. Aún en esos "años de alambradas culturales", como los llamó Julio Cortázar, hubo quien escribió, quien dijo su palabra, quien hizo su poema, quien cantó su canción, quien actuó a teatro abierto.

Hubo dignidad en la resistencia, coraje, amor, e incluso alegría. No es cierto que sea triste la lucha. Triste es cuando nos cansamos de luchar.

La resistencia engendró una memoria implacable y fértil. Hijos que escrachan a los genocidas. Jóvenes que miran a los ojos a sus abuelas, y desgarrándose el alma les dicen: "aquí estoy, soy el nieto que buscabas". Ex detenidos desaparecidos que no se refugian en la historia, sino que se empoderan de la memoria para luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy.

La memoria fértil tiene muchos colores, nombres, rostros.

Una no sabe si llorar o reír cuando ve marchar la memoria por las calles, y descubre tras cada cartel, a un amigo, a una compañera, a un ser querido que desapareció pero allí está, sin embargo, junto a nuestra caminata.

En estos días una siente que ellos te empujan, que te hablan al oído. Que te invitan a desempañar los vidrios de la melancolía, y a enarbolar los sueños de siempre. Los que sueñan los pueblos originarios: tierra y libertad. Los 30.000 sueños segados de la superficie de nuestra utopía, que resistieron clandestinamente como raíces, como semillas, esperando el momento de florecer.

¿Para qué sirve la memoria? Para identificar a los enemigos de siempre. Para escracharlos en sus cuevas. Para que nadie se confunda. Para que cada cual sepa que ellos no actuaron solos. Que hay una cadena de complicidades, que abrieron las puertas de la impunidad. Sirve la memoria cuando no se vuelve complaciente. Cuando no se calla. Cuando no se rinde. Cuando no se olvida.

Cuando enciende nuevas rebeldías.

Duele la memoria. Duele, porque obliga.

Agenda de la Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano

Marzo 29 de 2006
Salón de Eventos del Hotel Génova (Cra. 44 No. 44-66)
Barranquilla, Colombia

8.00 a.m. Instalación

Gobernación del Atlántico
Señora Satya Jenning, Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
Programa presidencial para los Derechos Humanos
Dr. Arturo Zea, Defensor del Pueblo de Bolívar
Dr. Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
Padre Milton Mejía, Secretario Ejecutivo Red Ecuménica de Colombia

8.20 a.m. Presentación de la situación humanitaria en el Caribe Colombiano

Curumaní, Mico ahumado - Sur de Bolívar, Barrio Nelson Mandela – Cartagena, Situación Cerro de la Popa – Cartagena, San Onofre – Sucre, Tenche – Sucre, El Salado, Indígenas - Sierra Nevada y del Perijá, Movimiento Sindical, Anthoc, Afros, Mujeres
Moderación: Asociación Minga (Franscisco Bustamante)

9.20 a.m. Presentación de los Planes de Acción departamentales o regionales

Programa presidencial para los derechos humanos
Dr. Iván Ahumada, Gobernación del Atlántico, Consejería de paz
Dr. Lucho Tapias, Gobernación de Bolívar, Consejería de paz
Defensoría del Pueblo
Acción Social.
Moderación: ANDAS / Red Nacional de Mujeres

12.00 m. Intervención Saludo y observación, OCHA /ACNUR / UNIFEC /CICR / Alianza de Organizaciones

1.00 p.m. Almuerzo

2.00 p.m. Presentación de propuestas humanitarias y elaboración del Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano.
Moderación: Indepaz, Fundaregión.

4.00 p.m. Conclusiones y compromisos

¿Quienes participan?

Todas las instituciones públicas y privadas que tengan dentro de su mandato la protección y garantía de derechos humanos y la aplicación y respeto de las normas del derecho internacional humanitario,

Las organizaciones de la sociedad civil representadas en los gremios, iglesias, universidades y sectores sociales,

Las instituciones del Estado, el ministerio público y las autoridades locales,

Los medios de comunicación, locales, nacionales e intencionales

Las delegaciones de organismos multilaterales que trabajen por la paz y el desarrollo,

El sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias desarrollan acciones humanitarias en la región,

La ciudadanía en general.

Convocan

Agenda Caribe, Fundación Surcos, Fundecop, Fundaregión, Coordinación Colombia Europa, Aprofdefa, Centro de Cultura Afro caribe, Corporación Paradigma, VOX POPULI, Corpadec, Funcicar, Universidad de Cartagena, Palenque libre, Corporación Jorge Artel, Convivencia Caribe, Fundecop, Tierra Patria, Indepaz, Minga, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la paz, Codhes, CINEP, IPC, Iniciativa de Mujeres por la paz, Red Nacional de Mujeres, CUT, Comité Permanente de Derechos Humanos, Fundación Nuevo Arco Iris, ALDHU, Redepaz, Fundación Cultura Democrática, Red de Justicia Comunitaria, Justapaz, Alianza de organizaciones sociales.

Apoyan

Consejería de paz del Atlántico y Bolívar, Defensoría del Pueblo de Cartagena, Personería Distrital de Cartagena, Personería de Barranquilla, Telecaribe.

Mayores Informes

Cartagena: Fundación Surcos (fsurcos@hotmail.com) Tels. 311-2300395 -300-801151
Barranquilla: Consejería de paz del Atlántico (luiztapias@yahoo.es)

Bogotá: Indepaz (ednatmm@yahoo.com) Tel. 315-5217392 - Asociación Minga (minga@andinet.com) Tel. 091- 3804380

Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano

Convocatoria

Ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el Caribe Colombiano, varias organizaciones sociales de esta región, consolidadas a través de la plataforma Agenda Caribe, conjuntamente con las Consejerías de Paz de los departamentos de Bolívar y Atlántico, las Defensorías del Pueblo de la región, las Personerías Municipales y varias Organizaciones Nacionales Defensoras de Derechos Humanos y Promotoras de Paz, invitan a todos los ciudadanos a participar en la Audiencia Humanitaria por la Paz en el Caribe Colombiano que se llevará a cabo el próximo 29 de Marzo del 2006 en la ciudad de Barranquilla de 8 a.m. a 5.p.m.

Son muchos los esfuerzos de las iniciativas de paz, de las organizaciones sociales, de las instituciones gubernamentales y de los organismos internacionales que trabajan por la Defensa de los Derechos Humanos y el respeto a la normatividad humanitaria, pero a pesar de esto la situación humanitaria en la Región Caribe continúa siendo critica.

Por ello nos parece pertinente observar algunas cifras estadísticas sobre hechos que dan cuenta de la grave crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa el Caribe Colombiano, recopiladas por INDEPAZ.

Algunas cifras del Conflicto en el Caribe Colombiano

En primer lugar es prudente afirmar que se está frente a una crisis humanitaria, cuando no hay posibilidades materiales de evitar el sufrimiento físico y psicológico de las personas que son víctimas de una confrontación armada o de evitar el sufrimiento de las personas que se enfrentan a fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o huracanes. En segundo lugar las crisis humanitarias involucran el sufrimiento de muchas personas, tal vez miles.

Y en tercer lugar, que la atención de la crisis humanitaria es una responsabilidad del Estado, acompañada por la sociedad en general y debe ser un asunto contemplado prioritariamente por medio políticas públicas que respondan a la problemática a corto, mediano y largo plazo y no con planes o programas que respondan a cubrir la emergencia de las víctimas en dos o tres meses. Eso es asistencialismo.

El propósito de este trabajo es demostrar por medio de las cifras de diferentes fuentes, la urgencia de abrir un debate regional para presionar a los gobiernos departamentales para que empleen mas y mejor los recursos asignados con el fin de resolver la situación a la que se ven enfrentados miles de personas victimas de la violencia en esta región del país e involucrar de manera responsables a todos los sectores sociales. A pesar de la dificultad que se presentó para recolectar la información, los datos que se presentan indican la gravedad de la situación.

Desplazamiento

La expansión territorial del paramilitarismo en la región caribe, las acciones de guerra de la insurgencia y la aplicación de la política de seguridad democrática a lo largo del país presenta un panorama poco alentador. Según CODHES, el estimativo de personas desplazadas dentro del territorio nacional por el conflicto armado interno desde 1999 hasta el tercer trimestre del 2005 es de 2.107.842.

El desplazamiento forzado en la Región Caribe durante este período representa el 28% del total estimado de población desplazada en el país, es decir, más de 580 mil personas, de las cuales el 65% son niños y niñas.

Secuestro

El número de secuestros registrados en el Caribe Colombiano alcanza una las cifras más altas en relación a las demás regiones del país. A pesar de los informes de Fondelibertad (septiembre, 2005) las cifras comparativas de secuestros de enero 2004 a septiembre de 2005 se han reducido en todo el país: los secuestros contra la fuerza pública en un 90.91%; secuestro extorsivo -58.21%. En el año 2003 los secuestros de la región caribe representaron el 25.3% del porcentaje total de secuestros en el país. En el 2004 el 22% y para el primer semestre del 2005 el 10.2%.

Violencia política, amenazas, masacres y torturas

Uno de los mayores problemas que se afronta al momento de establecer la situación humanitaria en el Caribe Colombiano, es la falta de información estadística y la ausencia de un mecanismo idóneo de registro y sistematización de acciones violentas, en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humaniario. En primer lugar no existe un sistema que recoja todas las bases de datos y realice un análisis adecuado de la información. En segundo lugar no se hace un monitoreo permanente, lo que dificulta presentar series completas en el tiempo sobre la misma región. Y por último una razón por la cual los datos son incompletos o inexistentes es por el subregistro, es decir, el desconocimiento del hecho. En la mayoría de los casos se da por dos factores comprensibles en las zonas mas violentas: la amenaza y el miedo.

El primer indicador de una situación de violencia por causas políticas es la amenaza. Esta se constituye en una alerta temprana de las violaciones más atroces y uno de los delitos de lesa humanidad que han soportado los pobladores del Caribe, además de masacres y torturas.

Las cifras dadas por los informes del CINEP y recopiladas por el profesor Diego Otero (Economista, asesor equipo académico de INDEPAZ), dan cuenta que en los siete departamentos que integran la región, 624 personas han sido víctimas de amenazas por razones políticas.

El departamento que registra mayor número de personas detenidas arbitrariamente es Bolívar seguido por Sucre. El año que presenta el índice mas alto es el 2003 y el total de las detenciones masivas de la región caribe constituyen el 9.4%.

A pesar de las fallas metodológicas que presentan las cifras anteriores (diferencias en la tipificación de las infracciones por parte de cada una de las fuentes, ausencia de series en cuanto a infracciones, períodos de tiempo y el subregistro por amenaza o miedo) resultan de mucha utilidad por las siguientes razones:

Demuestran la importancia de construir una plataforma coordinada por las organizaciones sociales, que articule el proceso informativo en la región, para que se consolide un verdadero sistema de información que compare, analice y complemente los datos que presentan las instituciones del Estado.

A pesar de que la mayoría de los datos provienen de fuentes estatales, que son consecuentes con la aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno nacional, la situación humanitaria en los siete departamentos de la región es preocupante.

La ausencia de datos sobre infracciones al DIH y violaciones a los Derechos Humanos a poblaciones vulnerables (comunidades indígenas, mujeres, niños y niñas) y a bienes protegidos (escuelas y colegios), no significa que no existan. Por el contrario, se debe constituir en una preocupación tanto para el gobierno como para la sociedad. A consecuencia de ello, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en iniciar campañas de esclarecimiento de hechos (verdad, justicia y reparación); de la misma manera, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y promotoras de paz han insistido en realizar jornadas de sensibilización y señalización a personas y bienes con el objeto de proteger y garantizar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

La crisis humanitaria en el Caribe Colombiano podría tener múltiples causas, pero principalmente referimos: la concentración de la tierra, el clientelismo, la corrupción, la burocracia, la ausencia de Cultura Política de los ciudadanos para empoderarse de sus entornos locales y regionales. Además, desde los años 80 la situación es crítica debido al escalamiento del conflicto armado interno en todo el territorio nacional, especialmente por la amenaza de actores armados como la insurgencia y los paramilitares.

Como se enunció al inicio de este documento, el objetivo no es presentar ni analizar las causas estructurales del problema, sino demostrar por medio de las cifras la gravedad del asunto y la necesidad de poner en marcha los planes de acción humanitaria a nivel departamental y regional, de incrementar el presupuesto para atender a las víctimas de la guerra y abrir espacios de debate para implementar políticas de largo alcance.

La Declaración por Cartagena y el Caribe Colombiano para resolver la Crisis Humanitaria, suscrita en el marco de la reunión de mesa de donantes reunida en Cartagena en febrero de 2005, es un documento que enuncia la situación y que invita a la sociedad civil, al gobierno nacional y a la comunidad internacional a velar por la efectiva garantía de derechos de los pobladores de la Región Caribe. En esa ocasión las organizaciones regionales, sectoriales y nacionales solicitaron:

1. Al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y a las instituciones del Estado una política especial para detener esta crisis humanitaria que vive la Costa Caribe y, en especial, Barranquilla y Cartagena.

2. A la Comunidad Internacional dirigir su mirada a esta región que históricamente había sido un remanso de paz, y para que le hagan el respectivo seguimiento a dicha solicitud.

3. A los actores armados del conflicto para que respeten a la población civil y los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

4. A la opinión pública nacional y en, en especial los medios de comunicación, para mirar creativa y solidariamente a esta región del país.

De la misma forma, las organizaciones se comprometieron a, “impulsar y acompañar las acciones de la Agenda Caribe en solidaridad con nuestros hermanos del Caribe Colombiano”. Este documento procura ayudar a impulsar procesos regionales y a acompañar el trabajo que se hace desde el Caribe.

Por lo anterior se hace necesario y urgente:

Visibilizar la difícil situación que viven diariamente líderes sociales, estudiantes, trabajadores, mujeres, defensores de Derechos Humanos, entre otros, de la región por causa de la degradación del conflicto armado interno.

Presentar los casos emblemáticos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ante las autoridades competentes.

Conocer y hacer seguimiento a los planes de Acción Humanitaria en las diferentes entidades territoriales para que junto a las autoridades competentes se implementen medidas de acción urgentes.

Promover el Mandato por la Vida, la Libertad y la Dignidad Humana en el Caribe Colombiano.

¿Quiénes participan?

Todas las instituciones públicas y privadas que tengan dentro de su mandato la protección y garantía de Derechos Humanos y la aplicación y respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Las organizaciones de la sociedad civil representadas en los gremios, iglesias, universidades y sectores sociales.

Las instituciones del Estado, el Ministerio Público y las autoridades locales.

Los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

Las delegaciones de organismos multilaterales que trabajen por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo.

Los delegados del Sistema de Naciones Unidas a través de sus agencias que tienen presencia y responsabilidad en la región.

La comunidad de la región caribe en general.

¿Quiénes convocan?

Plataforma Agenda Caribe, Fundación Surcos, Fundecop, Fundaregión, Aprodefa, Centro de Cultura Afrocaribe, Corporación Paradigma, Vox Populi, Corpadec, Funcicar, Palenque Libre, Corporación Jorge Artel, Convivencia Caribe, Tierra Patria, Esap Bolívar, Universidad de Cartagena, Minga, Indepaz, Cinep, Codhes, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Coordinación Colombia Europa, IPC, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Red Nacional de Mujeres, CUT, Comité Permanente por la defensa de los derechos humanos, Fundación Nuevo Arco Iris, ALDHU, Comité Permanente de Derechos Humanos, Redepaz, Fundación Cultura Democrática, Red de Justicia Comunitaria, Justapaz, Asodevid, Consejería de Paz del Atlántico , Consejería de Paz de Bolívar, Periódico El Universal de Cartagena, Periódico El Heraldo de Barranquilla.

Informes: Cartagena: Fundación Surcos, fsurcos@hotmail.com tel 311-2300395 -300-8011518. Bogotá: Indepaz, ednatmm@yahoo.com tel 315- 5217392. Asociación Minga minga@andinet.com tel 091- 3804380